¿Y si probamos con otra cosa? Reflexiones acerca del proyecto de baja de edad de imputabilidad
Por Valeria Plaza Schaefer* para La tinta
Desde la vuelta de la democracia, el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad reaparece en la escena periódicamente, en general, en ocasión de un delito grave cometido por un menor de edad como autor, coautor o cómplice. Frecuentemente, se trata de hechos que nos conmueven. Vemos el dolor de las imágenes de víctimas y victimarios niños y adolescentes, los llamamos “menores” y aceptamos, aunque nos angustie, que la única solución es el encierro en cárceles para adultos, por más tiempo y en peores condiciones.
Es un debate complejo, está claro. Y la razón por la que quienes investigamos y trabajamos en estos temas opinamos cada vez que se presenta en la agenda legislativa es porque hay medidas, políticas públicas, que no solo no aportan a la solución del problema, sino que lo empeoran. Y es eso lo que pretendemos evitar. No solo es un tema complejo, sino doloroso. Afecta nuestra sensibilidad. Nos cuesta entender esas imágenes de violencias de niños que se reproducen en los medios. Nos conmueve el sufrimiento de las víctimas y, por eso, es aún más difícil decir algo que no sea solo un “por ahí no es”.
Así, esbozo algo por fuera de la pregunta apurada “a favor o en contra”, y me animo a tratar de mirar un poco más allá, o más acá, para lectores atentos que busquen no solo una toma de posición, sino tratar de mirar desde dónde podemos aportar, pensar y deconstruir, y no solo repetir o condenar.
“Un tal Juan”
Arranco con un caso, hipotético y no. Un caso de esos que se repiten seguido en lo que llamamos “trabajo de campo”. Un pibe ―pongamos que Juan― arranca con consumos en una esquina, primero recreativo, pero después eso se va de control. Roba para seguir consumiendo, primero a los familiares y después pega un arma y una junta, y salen a robar. Lo más simple son los celulares, después las motos, que se venden fácil, nadie pregunta de dónde vienen y las compran. La madre no sabe qué hacer, fue varias veces a la SENAF para que la ayuden. No sabe cómo obrar para que deje de robar y consumir. Nadie la escucha ni le dan ninguna respuesta. La culpabilizan porque no supo criar bien a Juan y sus 6 hermanos, sin padre y con trabajo informal de trabajadora de casa particular. Se desespera, pide que se lo saquen porque ella no sabe qué hacer y no quiere que sus hermanitos caigan en la misma. Nadie le da ninguna solución y sabe que lo que le queda es que lo maten o que lo encierren.
¿Y después? ¿Cuánto tiempo de encierro y desde qué edad? ¿Qué pasa en ese encierro? ¿Sale “mejor” o “peor”? ¿Y los hermanos de Juan? ¿Y la madre? El caso de Juan no es único ni desde ahora. Y es posible que no se resuelva con un cambio normativo, pero también es posible que se empeore, que se multiplique y que sigamos, una vez más, aprobando leyes que son una crónica de un fracaso anunciado.
Los datos
Los delitos violentos, en su enorme mayoría, siguen siendo cometidos por adultos: cerca del 90% a nivel nacional, por lo que la participación de los “menores” en delitos graves es escasa. La tasa de reincidencia que tenemos en nuestro país es alta y creciente (esto es que, cuando pasa por la cárcel, tiene altas chances estadísticas de volver y por causas de mayor gravedad). Entonces, si lo que buscamos es reducir la violencia, ¿lo recomendable es encerrarlos en los mismos lugares y con la misma y fracasada modalidad que los adultos?
Por otra parte, no hay evidencia que pruebe que una edad mínima de imputabilidad más baja disminuya los niveles de criminalidad ni prevenga el delito. Tal como lo afirman desde el Programa de Género, Infancia y Juventud de la UNSAM: “Argentina tiene una edad mínima de imputabilidad más alta que la mayoría de los países de América Latina. Y es de los países con menos tasa de criminalidad de la región, con una tasa de homicidio menor a la media global de América Latina”.
Con la legislación vigente, es erróneo sostener que el Estado no tiene herramientas punitivas para implementar contra quienes cometen delitos. Existe la medida de privación de libertad como respuesta excepcional para los delitos graves y se aplica. Los delitos violentos cometidos por los “menores” se inscriben en los contextos sociales en los que se hallan insertos. Bajar la edad de imputabilidad, como propone el proyecto presentado por la ministra Bullrich, sin modificar el sistema penal, solo va a alimentar la superpoblación carcelaria que ya tenemos y, en definitiva, agudizar la violencia social y el circuito de la punitividad que ya ha fracasado en otros contextos.
¿Qué hacer con los pibes que delinquen entonces?
En primer lugar, corresponde preguntarse por el contexto en donde estas violencias se producen: ¿qué pasa con los consumos de drogas en los barrios? ¿Qué hace el Estado para reducirla y paliar sus efectos? Poco y nada. ¿Qué hace el Estado para limitar el mercado de la venta y el consumo, donde los pibes son el blanco fácil, cada vez con menos posibilidades de empleo, de rescate? ¿Qué hace el Estado para reducir la circulación de las armas de fuego?
El Estado refuerza la punitividad como forma de solución de los problemas sociales, en lo discursivo y en medidas concretas. No interviene en la investigación de la complicidad estatal (sobre todo, policial) en el narcotráfico, en los delitos violentos en general ni en las redes de ilegalidades que se producen y que involucran a muchas más personas que el pibe que delinque. Sin ningún sustento empírico, habla de “puerta giratoria” y, en vez de proponer modificaciones en las instituciones supuestamente responsables de esto (la policía y el poder judicial), propone bajar la edad de imputabilidad.
El Estado nacional desmantela las políticas sociales que hacían de un tenue sostén, desfinancia las organizaciones sociales que trabajan en el territorio ofreciendo otras oportunidades laborales y recreativas. Introduce, como nunca antes, la violencia y la estigmatización como forma de relación social y fomenta la violencia como el único lenguaje posible.
Necesitamos dejar de buscar chivos expiatorios en los contextos de crisis económica y política. Los delitos violentos, vinculados al narcotráfico u otras economías delictivas, poco tiene que ver con la participación de menores en los mismos. El foco debería estar puesto ahí y arrancar con desmantelar las complicidades policiales y judiciales.
Es urgente volver a humanizar el debate y exigir soluciones acordes a los complejos problemas de violencia que estamos atravesando: necesitamos un régimen de responsabilidad penal juvenil acorde a los estándares de las normativas internacionales (es decir, que no sea regresivo con la edad de imputabilidad) y, sobre todo, superador que el que tenemos para quienes cometieron delitos. Pero, fundamentalmente, hace falta que el Estado intervenga en la prevención de estas violencias y no las profundice.
Existen numerosas experiencias de prevención social del delito, con enfoques más eficaces y que articulan con las organizaciones territoriales en los abordajes preventivos. Es decir, necesitamos Estado para la solución de fondo, la reimplementación de programas que se están desmantelando y la implementación de nuevos que comprendan la compleja trama de las violencias, los cambios en las relaciones laborales y construcción de redes sociales, que, en definitiva, es lo que puede llegar a salvarnos.
*Por Valeria Plaza Schaefer, docente de la FCS UNC e investigadora de CONICET para La tinta / Imagen de portada: Fernando Bordón.
